Si el ministro Blanco ha logrado poner coto a los controladores, nada impide que Corbacho haga lo propio con una práctica tan ancestral y socialmente tolerada como las prejubilaciones. El fenómeno está ligado a pactos excepcionales –famosos en la banca y entre los entes públicos– que permiten al trabajador abandonar prematuramente el mercado laboral. Se calcula que en esta tesitura están 366.000 personas, según datos de los técnicos de Hacienda.
Corbacho ha anunciado la urgencia por frustrar estas prácticas, sobre todo en empresas que tienen beneficios. Aunque tal vehemencia se entiende mejor desde el gasto. Hay que recordar que esta pirueta laboral –que no está regulada– detrae anualmente unos 3.513 millones de euros al Inem.
Su engranaje es sencillo. La empresa invita al trabajador a quedarse en paro dos años antes de cumplir los 65. Aunque no lo parezca, este envoltorio esconde un caramelo: la compañía se compromete a pagar la diferencia de sueldo con la prestación por desempleo, con lo que ambas partes quedan satisfechas con el trato.
El mecanismo es tan preciso como el de un reloj. Sin sorpresas para el empresario (que consigue así deshacerse de los trabajadores de mayor edad) y sin preocupaciones para el trabajador (a menudo satisfecho con la idea de una jubilación prematura). Estas condiciones han valido para empujar a los comités de empresa de Navantia, Telefónica o RTVE, por citar algunos ejemplos, a firmar polémicos acuerdos que se saldaron con la fumigación de miles de empleados mayores de 55 (ver guía adjunta).
El único cálculo oficial sobre la dimensión de las prejubilaciones recientes se remonta a 2002. El Consejo Económico y Social detectó más de 60.000 ese año, a la vez que resaltaba que “cada año son expulsadas del mercado laboral en torno a 50.000 personas mayores de 50”, colectivo que representa el 64% de los despidos provocados por los ERE.
Los datos de la Agencia Tributaria van en la misma dirección: 100.546 personas saltaron del estatus de parado al de pensionista a principios del 2000 como por arte de magia. Aunque este resultado no es un calco exacto del número de prejubilados –no depura el porcentaje de los verdaderos parados– es una referencia clave para acotar el fenómeno.
Si entonces ya era difícil idear un cortafuegos para frenar esta sangría, ahora lo es aún más. Las prestaciones contributivas han comenzado a acelerarse desde marzo de 2009 entre los mayores de 55 años. De hecho, en 2009 los desempleados de esta franja con prestación han crecido un 37,51%, en relación al avance medio del 5% desde el 2000. Los técnicos prevén que en los próximos meses estas personas pasarán a ser subsidiados, de modo que así completarán la ruta iniciada por el Inem y llegada a la prejubilación. La intención de Trabajo es anticiparse a esta jugada.
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