El juzgado de instrucción nº26 de Madrid archiva la denuncia de Telefónica contra la delegada y los de de Madrid (AST, CGT y STC) que se concentraron en el Distrito C para protestar por la firma de un mal convenio. El informe de la fiscal echa por tierra cada una de las acusaciones de violencia que Telefónica y las ejecutivas de CCOO, UGT y STC hicieron contra ella y contra ellos. El juzgado sobresee y archiva las diligencias previas para todos los delegados, excepto para uno de ellos sobre el que insta a Telefónica a utilizar el trámite abreviado por si se hubiera producido un delito de daños (rotura del cristal) o, bien, que lo desestime si lo cree conveniente.
Lo que más llama la atención es el informe que presentó la fiscal. En él desmonta cada una de las acusaciones que Telefónica utilizó en la demanda penal, las mismas que en la apertura de los expedientes. Por tanto, el informe deja en evidencia que los alegatos de los sindicatos firmantes contra «nuestra violencia » no fueron mas que una cortina de humo que ocultaba la firma de un mal convenio y que, en nuestra opinión, dieron pié a la apertura de los expedientes.
La fiscal contextualiza lo acontecido «dentro de un proceso negociador» y aclara que: no se produce allanamiento porque la entrada al edificio fue libre y con el consentimiento de sus moradores; las supuestas injurias no son constitutivas de delito porque ni tan siquiera el ofendido (un vigilante) presentó denuncia; respecto de las coacciones, dice que se producen en ese mismo contexto y reconoce que, habiéndose convocado huelga, dentro de ese proceso negociador la huelga es un medio de coacción y presión en sí; las amenazas, continua la fiscal, obedecen a la tensión del momento y tampoco pueden tener la entidad de delito. Incluso respecto a la rotura del cristal dice que «...de probarse sería consustanciales a la presión propia de la conducta de los huelguistas desarrollaron y por tanto no tiene entidad autónoma sino que deberán englobarse dentro de la conducta coactiva dentro de la responsabilidad civil.»El archivo de la denuncia también pone en evidencia lo contradictorio de las sentencias dictadas en la vía laboral, las que, a pesar de haber minorado sustancialmente las sanciones, mantienen despedido a Álvaro. Y es que, por poner un ejemplo, en la vía de lo penal se necesita un parte de lesiones para demostrarlas mientras que en los juzgados de lo social basta que el juez dé mayor credibilidad a las declaraciones de los vigilantes contratados por la propia Telefónica que a los testigos de los sancionados.
Lo que más enerva es que ningún representante de la empresa estuvo presente en la concentración del edificio Este 2 -así lo reconocieron en los juicios de lo social- como tampoco lo estuvieron muchos de los que nos acusaron de violentos frente a la empresa en la mesa negociadora. Entonces, si no estuvieron:
¿Qué seguridad tenían para emplearse con tanta saña?, ¿Por qué los injustos expedientes? y ¿Por qué las brutales sanciones?
Y es que, a pesar de no estar allí, no dudaron en utilizar sus potentes maquinarias y las de la empresa para, comunicado tras comunicado, criminalizarlos y masacrarlos. Su objetivo era claro: Desprestigiar y aniquilar un movimiento sindical que luchó por el mantenimiento y mejora de nuestras condiciones laborales.
Es hora de que las cosas vuelvan a su sitio; es hora de que quien utilizó su posición de ventaja para ajusticiar a sus oponentes rectifique y retire las acusaciones y las sanciones. Es hora de que aquellos que dudaron de la legitimidad de una huelga y protesta frente a un mal acuerdo asuman sus errores y reconozcan que lo ocurrido fue algo natural en un proceso negociador. Es hora de que aquellos que se levantaban de las mesas de negociación cuando nosotros hablábamos porque nos consideraban unos violentos pidan disculpas. Es hora de que los que nos tacharon de violentos reconozcan que la mayor violencia fue su orquestada manipulación de los hechos.
Para CGT todo fue un montaje basado en una vieja estrategia empresarial: la criminalización de los lícitos movimientos de presión y protesta. Ahora, tras el archivo de la denuncia, le toca a Telefónica SAU la inmediata retirada de todas las sanciones y la readmisión del único delegado que aún sigue despedido.
